Inteligencia Artificial en las empresas panameñas: oportunidades, riesgos legales y cómo prepararse antes de que sea demasiado tarde.
Por: Moreno & Solano Abogados
La Inteligencia Artificial ya forma parte de los negocios
Durante los últimos dos años, la Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología reservada para las grandes compañías multinacionales y los centros de investigación. Hoy, cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede acceder a herramientas capaces de redactar documentos, analizar grandes volúmenes de información, automatizar procesos, atender clientes mediante asistentes virtuales, generar imágenes, elaborar estrategias comerciales e incluso apoyar la toma de decisiones.
En Panamá esta realidad no es diferente. Cada vez es más común encontrar empresas que utilizan plataformas como ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini o sistemas especializados para optimizar tareas administrativas, comerciales, financieras, legales y operativas.
La adopción de estas tecnologías representa una extraordinaria oportunidad para incrementar la productividad, reducir costos y mejorar la competitividad. Sin embargo, también plantea importantes desafíos jurídicos que muchas organizaciones todavía desconocen o, peor aún, subestiman.
La rapidez con la que la Inteligencia Artificial ha sido incorporada al ámbito empresarial ha superado la velocidad con la que la mayoría de las legislaciones han evolucionado para regularla. Ello significa que, aunque en Panamá no exista actualmente una ley específica sobre Inteligencia Artificial, las empresas no están exentas de responsabilidad.
Por el contrario, el uso de estas herramientas debe analizarse a la luz del ordenamiento jurídico vigente, especialmente en materias relacionadas con la protección de datos personales, la responsabilidad civil, la confidencialidad empresarial, la propiedad intelectual, el derecho laboral y las obligaciones contractuales.
En este contexto, surge una pregunta que todo empresario debería hacerse:
¿Está realmente preparada mi empresa para utilizar Inteligencia Artificial de manera legal, ética y segura?
La respuesta, en muchos casos, probablemente sea negativa.
¿Qué debe entenderse por Inteligencia Artificial?
Aunque existen múltiples definiciones técnicas, desde una perspectiva jurídica puede entenderse la Inteligencia Artificial como el conjunto de sistemas informáticos capaces de ejecutar tareas que tradicionalmente requerían intervención humana, tales como comprender lenguaje, reconocer imágenes, analizar datos, formular recomendaciones, realizar predicciones o generar contenido.
Es importante destacar que la mayoría de las herramientas utilizadas actualmente corresponden a sistemas de Inteligencia Artificial Generativa, capaces de producir textos, imágenes, códigos de programación, presentaciones, contratos y otros contenidos originales a partir de instrucciones formuladas por el usuario.
Precisamente esa capacidad de generar información crea nuevos escenarios de responsabilidad que hace apenas unos años eran inexistentes.
La transformación empresarial ya comenzó
La incorporación de la Inteligencia Artificial no constituye una tendencia futura. Es una realidad presente.
Actualmente, las empresas utilizan estas herramientas para:
redactar contratos y documentos corporativos;
responder consultas de clientes mediante asistentes virtuales;
analizar riesgos financieros;
elaborar campañas publicitarias;
automatizar procesos de recursos humanos;
evaluar hojas de vida de candidatos;
administrar inventarios;
detectar posibles fraudes;
generar informes técnicos;
apoyar procesos legales y de cumplimiento.
Incluso pequeñas y medianas empresas están utilizando IA sin haber implementado políticas internas que regulen su uso.
En muchos casos, los colaboradores simplemente acceden a plataformas públicas e introducen información relacionada con clientes, contratos, estados financieros, procesos internos o estrategias comerciales, desconociendo completamente las consecuencias jurídicas que ello puede generar.
Ese constituye uno de los mayores riesgos para cualquier organización.
¿Existe una ley de Inteligencia Artificial en Panamá?
La respuesta es sencilla: no.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, Panamá no cuenta con una legislación integral que regule específicamente el desarrollo, implementación o utilización de sistemas de Inteligencia Artificial.
No obstante, ello no significa que exista un vacío absoluto.
Las empresas continúan sujetas al cumplimiento de diversas normas jurídicas que resultan plenamente aplicables cuando utilizan tecnologías de IA.
Entre ellas destacan:
la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales;
el Decreto Ejecutivo No. 285 de 2021, que reglamenta dicha ley;
el Código Civil, particularmente en materia de responsabilidad por daños y perjuicios;
el Código de Comercio;
la legislación laboral panameña;
las normas sobre propiedad intelectual;
las obligaciones contractuales derivadas de las relaciones comerciales.
En consecuencia, la utilización de Inteligencia Artificial no reemplaza las obligaciones legales existentes, sino que introduce nuevas formas en las cuales dichas obligaciones pueden verse comprometidas.
La protección de datos personales: uno de los principales desafíos
Quizás el riesgo jurídico más importante para las empresas panameñas sea el tratamiento de datos personales mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
Es frecuente observar que colaboradores introducen información en plataformas públicas sin analizar previamente la naturaleza de los datos suministrados.
Entre los ejemplos más comunes encontramos:
nombres de clientes;
números de identificación;
contratos confidenciales;
expedientes laborales;
historiales financieros;
bases de datos comerciales;
estrategias corporativas.
Aunque la intención del usuario sea simplemente obtener ayuda para redactar un documento o analizar determinada información, el hecho de compartir esos datos con una plataforma externa puede generar importantes implicaciones jurídicas.
La Ley 81 de 2019 establece principios fundamentales como la licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad de los datos, confidencialidad y seguridad.
Ello implica que las empresas deben evaluar cuidadosamente qué información puede ser procesada mediante herramientas de Inteligencia Artificial y bajo qué condiciones.
No toda información puede compartirse libremente con plataformas tecnológicas, especialmente cuando involucra datos personales o información confidencial de terceros.
El deber de confidencialidad no desaparece
Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que, por tratarse de una herramienta tecnológica ampliamente difundida, cualquier información puede ser utilizada para obtener respuestas automáticas.
Nada más alejado de la realidad.
Las empresas mantienen intactas sus obligaciones de confidencialidad frente a clientes, proveedores, trabajadores y socios comerciales.
Si un colaborador copia íntegramente un contrato confidencial en una plataforma pública de IA para solicitar mejoras en su redacción, podrían generarse riesgos relacionados con:
incumplimiento de acuerdos de confidencialidad;
exposición de secretos comerciales;
afectación de estrategias empresariales;
posibles reclamaciones por daños y perjuicios;
pérdida de confianza por parte de clientes.
Por ello, resulta indispensable que toda organización establezca políticas internas claras sobre el uso permitido de herramientas de Inteligencia Artificial.
La tecnología, por sí sola, no constituye el problema. El verdadero riesgo radica en la ausencia de controles y procedimientos adecuados.
La Inteligencia Artificial no reemplaza el criterio profesional
Uno de los mayores errores consiste en considerar que la Inteligencia Artificial sustituye completamente el análisis humano.
Las respuestas generadas por estos sistemas pueden contener errores, omisiones, interpretaciones inexactas o información desactualizada.
Por esa razón, cualquier documento elaborado mediante IA debe ser revisado por un profesional competente antes de ser utilizado para la toma de decisiones.
En el ámbito jurídico, financiero, médico, ambiental o de ingeniería, la supervisión humana continúa siendo indispensable.
La Inteligencia Artificial debe entenderse como una herramienta de apoyo y no como un sustituto absoluto del conocimiento profesional.
Una oportunidad que exige responsabilidad
Negarse a utilizar Inteligencia Artificial probablemente coloque a muchas empresas en desventaja competitiva durante los próximos años.
Sin embargo, adoptarla sin reglas internas puede generar riesgos legales, económicos y reputacionales de considerable magnitud.
La verdadera ventaja competitiva no consiste únicamente en utilizar Inteligencia Artificial, sino en hacerlo dentro de un marco de gobernanza, cumplimiento normativo y gestión adecuada del riesgo.
Las organizaciones que comprendan esta realidad estarán mejor preparadas para enfrentar los cambios tecnológicos que inevitablemente continuarán transformando el entorno empresarial.
En la segunda parte de este análisis abordaremos aspectos igualmente relevantes, entre ellos la responsabilidad civil derivada del uso de la Inteligencia Artificial, los desafíos en materia de propiedad intelectual, las implicaciones laborales, los contratos con proveedores tecnológicos y las medidas concretas que toda empresa panameña debería implementar para reducir su exposición a riesgos legales.
Moreno Solano Abogados
Panamá, julio de 2026
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